Una revisión detallada de los datos operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) revela un patrón claramente divergente en la forma en que se llevan a cabo los arrestos de inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos. Las tácticas aplicadas por ICE varían considerablemente según la orientación política del estado, generando un panorama migratorio profundamente desigual entre jurisdicciones demócratas y republicanas.
En los estados que respaldaron al expresidente Donald Trump, los agentes de ICE realizan la mayoría de sus arrestos directamente en cárceles y prisiones. Por el contrario, en los estados que votaron por la actual candidata presidencial demócrata Kamala Harris, las detenciones se ejecutan predominantemente en comunidades, lugares de trabajo y espacios públicos. Esta divergencia ha generado no solo tensiones políticas, sino también un clima de miedo e incertidumbre en barrios con alta población migrante, especialmente en regiones con políticas de santuario.
Diferencias estructurales en las tácticas de detención
De acuerdo con los datos revisados, en los estados republicanos el 59 % de las aprehensiones se efectúan en instalaciones de detención, mientras que en los estados demócratas el 70 % de los arrestos se realizan en áreas comunitarias. Aunque ambos grupos de estados cuentan con poblaciones indocumentadas semejantes, las acciones de ICE en cada región muestran una estrategia adaptada a las normativas locales y las políticas de colaboración con las autoridades federales.
Los estados que permiten una mayor colaboración entre las autoridades locales y ICE, como Mississippi, presentan un alto porcentaje de arrestos en centros penitenciarios. En contraste, en lugares como Nueva York y Massachusetts, donde las políticas de santuario limitan o impiden este tipo de cooperación, la agencia ha intensificado su presencia en las calles y en operativos públicos.
Impacto en comunidades vulnerables
En Massachusetts, uno de los estados con políticas más restrictivas hacia ICE, el 94 % de los arrestos se han efectuado en la comunidad, y un 78 % de las personas detenidas carecía de antecedentes penales. La situación ha generado efectos colaterales significativos. En localidades como Chelsea y Everett, donde se concentran comunidades migrantes de Centroamérica, se ha reportado un descenso en la asistencia escolar, consultas médicas y otras actividades cotidianas, producto del temor a ser detenidos.
Grupos locales y activistas por los derechos de los inmigrantes alertan sobre el aumento de patrullas, operativos inesperados y arrestos en áreas públicas, lo que ha cambiado comunidades dinámicas en lugares callados y reservados. La táctica de captar personas en lugares públicos, según los opositores, tiene un efecto intimidatorio y pretende influir en las autoridades locales para que cambien sus normas de seguridad para migrantes.
Una maquinaria de detención en expansión
Durante el mandato de Trump, los arrestos llevados a cabo por ICE presentaron un incremento constante. La tasa de detenciones en la comunidad llegó al 44 %, en comparación con el 27 % observado bajo la administración de Joe Biden. A pesar de que el Gobierno actual pone énfasis en detener a inmigrantes con antecedentes criminales, la comparación muestra una inversión considerable en mecanismos de aplicación migratoria durante el gobierno anterior.
El presupuesto federal ha respaldado esta expansión, destinando miles de millones de dólares adicionales a ICE. A la vez, un número creciente de agencias policiales estatales y locales, especialmente en estados republicanos, se ha unido a programas de colaboración con ICE, fortaleciendo su capacidad operativa.
Tensiones en torno a las políticas de santuario
Los integrantes del gobierno de Trump han defendido que el aumento de detenciones en las comunidades es un resultado directo de las políticas de santuario, las cuales prohíben a las autoridades locales arrestar a inmigrantes basándose solo en órdenes administrativas de ICE. Desde este punto de vista, las operaciones visibles se considerarían una reacción a la imposibilidad de acceder a las prisiones locales.
Sin embargo, defensores y juristas experimentados afirman que estos enfoques tienen el propósito de sancionar a aquellas jurisdicciones que no aceptan la política migratoria del gobierno federal. Culpan a ICE de emplear métodos que sobrepasan los límites razonables y de usar el temor como herramienta de manipulación social.
Casos emblemáticos y denuncias crecientes
Las intervenciones de ICE en Massachusetts han incluido detenciones de alto perfil, como la de un estudiante de doctorado y coautor de un artículo de opinión, o el arresto violento de un inmigrante sacado del asiento del copiloto frente a su familia. Según expertos legales, estas acciones representan un nuevo nivel de agresividad por parte de la agencia.
Asimismo, relatos de personas del lugar, como el de Geovani Esau De La Cruz Catalan, joven aprehendido poco después de completar la escuela, muestran el efecto humano de esta medida. Su caso demuestra cómo personas sin antecedentes criminales quedan atrapadas en un sistema que penaliza sin diferencia.
Un sistema inequitativo basado en el código postal
La diferencia en la implementación de las leyes migratorias ha provocado lo que algunos expertos denominan un «sistema desigual» de justicia migratoria en Estados Unidos. La ubicación donde viva un inmigrante se ha vuelto un elemento crucial para el tratamiento que obtendrá de las autoridades.
Mientras algunos estados colaboran activamente con ICE, otros limitan su accionar a través de decisiones judiciales y políticas locales. Esta fragmentación contribuye a la creación de experiencias migratorias profundamente divergentes, que ponen en tela de juicio la coherencia de las políticas federales.
El debate sobre las políticas migratorias, su implementación y sus efectos sobre las comunidades seguirá ocupando un lugar central en la agenda pública, especialmente en un contexto electoral donde la migración vuelve a ser un tema de alto voltaje político.
